Un breve análisis sobre las consecuencias más directas de la firma de los Acuerdos de Asociación y de Comercio Interino entre ambos bloques regionales.
Mag. Agostina Salman
El 17 de enero de 2026, tras 26 años de negociaciones, se celebró la firma oficial del Acuerdo Mercosur-UE, en el Teatro San José de Flores del Banco Central de Paraguay, Asunci´ón, donde en 1991 se fundó el Mercosur. Los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a más de 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo, no sólo por el volumen de consumidores sino por su potencial productivo.
El objeto de este texto no es analizar posturas ni discursos políticos, sino reconocer el escenario actual y su futuro inmediato, a través de los principales actores involucrados, sus acciones -motivadas por sus intereses- y las consecuencias más directas. En este sentido, cabe señalar que la firma no es la entrada en vigor plena del Tratado.
El primer gran desafío radica en el Parlamento Europeo, donde el texto será remitido para su análisis. En concreto, las comisiones de Comercio Internacional (INTA) y de Asuntos Exteriores (AFET) emitirán informes técnicos que luego serán sometidos a votación en el pleno de la Eurocámara. Y, en esa instancia, la Eurocámara solo puede aprobar o rechazar el texto en su totalidad, sin posibilidad de realizr enmiendas parciales. Grupos políticos y delegaciones nacionales que se opusieron al pacto en el Consejo -como Francia, Polonia e Irlanda- podrían inclinar la balanza, aun cuando sus grupos mayoritarios partidarios respalden la ratificación.
Otro factor que podría introducir una demora significativa es la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un grupo de 145 eurodiputados propuso esta iniciativa al cuestionar la base jurídica empleada para aprobar capítulos comerciales sin intervención de los parlamentos nacionales. Si la Eurocámara aprueba esa moción por mayoría simple, el proceso de ratificación quedará suspendido hasta que el TJUE emita su opinión, lo que podría extender el calendario por varios meses o incluso años.
Superada la instancia del Parlamento Europeo y evitado o completado un eventual dictamen judicial, el tratado deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE; por el momento, sólo para aquellos capítulos que exceden la competencia estrictamente comercial, como cuestiones ambientales, sanitarias o de movilidad de inversiones. La ratificación nacional, en muchos casos, depende de debates internos donde los sectores productivos -especialmente el agrícola- ejercen una fuerte presión. En Francia, por ejemplo, la oposición al acuerdo proviene de sectores agrícolas y ambientalistas, que señalan riesgos para la producción bovina y avícola, aun con cuotas acordadas para limitar el impacto competitivo.
Si bien los países miembros del Mercosur enfrentan procesos más simples en sus parlamentos, no están exentos de tensiones internas para aprobar el acuerdo. Paraguay ya expresó reservas sobre condiciones y límites de acceso al mercado europeo, mientras que Bolivia -en proceso de adhesión plena al bloque sudamericano- aparece como un caso potencialmente más complejo debido a los desafíos domésticos como es la deforestación; aspecto medular en las exigencias medioambientales del acuerdo.
En términos prácticos, el acuerdo podría entrar en vigor de manera provisional en capítulos vinculados al comercio, si la Eurocámara acepta su aplicación anticipada, como ocurrió con otros tratados similares. No obstante, su vigencia plena y definitiva requerirá que se cumplan todas las etapas previas: revisión parlamentaria europea, posible consulta al Tribunal de Justicia, ratificación nacional en cada Estado miembro de la UE y aprobación en los Congresos de los países del Mercosur.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA ARGENTINA?
Sólo por centrarnos en uno de los aspectos comerciales más renombrados, resulta importante saber que el Acuerdo establece una rebaja generalizada de retenciones -excepto para la cadena soja, a la cual aplica un tope del 14%-; además de la eliminación de alicuotas de derechos de exportación (DEX). Sólo por esto, de entrar en vigor, daría un gran impulso a la producción y el comercio argentinos.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que proyecta el impacto del esquema de reducción de alícuotas y utiliza el modelo AGMEMOD-AR, arroja una estimación de ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales en USD 10.529 millones en 10 años. También muestra el incremento previsto del área sembrada total en Argentina con los 6 principales cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) -ver gráfico debajo-.
Este Acuerdo transatlántico es sumamente amplio y está estructurado en tres pilares -comercio, diálogo político y cooperación-; con implicaciones geopolíticas, económicas, comerciales, regulatorias y de política industrial. En materia de acceso a mercado, el núcleo es claro: la eliminación de más del 90% de los aranceles bilaterales, acompañada de la reducción de barreras no arancelarias y de armonización regulatoria.
El Mercosur, tradicionalmente un mercado protegido para la oferta europea -con aranceles elevados en automóviles, maquinaria, químicos o farmacéuticos-, suprimirá derechos de importación sobre más del 91% de los productos europeos exportados al bloque (con plazos de desgravación más largos para sectores sensibles).
A su vez, la UE amplía el acceso a su mercado con un diseño que combina liberalización, contingentes arancelarios y salvaguardias para productos especialmente sensibles.
El acuerdo también ordena el cómo del comercio contemporáneo: procedimientos aduaneros y de facilitación, reglas de origen, barreras técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y disciplinas de contratación pública. En este último punto, la apertura de licitaciones públicas en los países del Mercosur a empresas europeas en condiciones de mayor igualdad puede convertirse en una palanca infrautilizada para proyectos de infraestructuras, digitalización y transición energética.
Hay, además, una dimensión que suele pasar desapercibida en el debate público: las indicaciones geográficas. Según la Comisión Europea, el Mercosur reconocerá 344 indicaciones geográficas europeas, reforzando la protección de productos de origen y calidad diferenciada. En sentido inverso, el acuerdo protege también en torno a 220 indicaciones geográficas del Mercosur. Esto consolidaría el comercio de alto valor añadido y reduciría el espacio para imitaciones.
Por último, está la cuestión que hoy definiría el margen político de la entrada en vigor: la sostenibilidad. El texto integra el Acuerdo de París como elemento esencial de la relación, incorpora compromisos para combatir la deforestación y recoge obligaciones vinculadas a estándares laborales, además de mecanismos de seguimiento, participación y control por parte de la sociedad civil (ver artículos anteriores).
Este capítulo se acompaña de instrumentos de apoyo: la Comisión Europea ha planteado un fondo reforzado de cooperación por 1.800 millones de euros, en el marco del Global Gateway, para acompañar la transición verde y digital. En términos cuantitativos, la promesa tampoco es menor. Estimaciones recientes apuntan a que el acuerdo elevaría de forma significativa los flujos comerciales bilaterales, con efectos adversos muy limitados sobre el comercio con otras regiones. Quizás «la preparación» de las industrias y Pymes -locales y extrnjeras- sea el factor sorpresa, probablemente resuelto con aprendizaje a diario, donde el acompañamiento político-estatal para su correcta actualización y leal competencia resultará clave.
Mientras tanto, las reflexiones inmediatas sugieren pensar en qué papel quiere desempeñar la UE en un escenario de competencia geopolítica creciente, y qué modelo de desarrollo elige América Latina para capitalizar su enorme riqueza en recursos naturales. Europa necesita socios que aporten escala, recursos, afinidad y confiabilidad; y el Mercosur necesita inversión, tecnología y acceso estable a un gran mercado para sofisticar y diversificar su matriz productiva, y promover un desarrollo que se asiente en un lenguaje de derechos, normas ambientales, empleo y multilateralismo que forma parte de la agenda aspiracional de la mayoría de las sociedades del bloque regional.
